El pasado 1 de Julio entró en vigor la normativa por la que las empresas que facturasen más de seis millones de euros al año estaban obligadas a la información de todas sus operaciones a través de este sistema. A partir del 1 de Enero de 2.018 el sistema se ha endurecido ya que la presentación de esta información hay que hacerla, prácticamente, en tiempo real ya que solamente se dispone de cuatro días para presentar esta información tal y como ya recogía la normativa aprobada en su momento.

La Agencia Tributaria alaba las bondades de este sistema diciendo que el mismo facilita mucho la labor de las empresas ya que algunas declaraciones tienen un plazo mayor para presentarlas, no se necesita tiempo de comprobación de dichos datos etc. Pero la realidad es que a las empresas o al menos a las pequeñas empresas, aunque facturen más de seis millones, supone un elevado coste administrativo, bien sea por la necesidad de personal propio o por la contratación de profesionales para realizar esta labor.

Desde otro punto de vista la persecución del fraude fiscal y el control de las operaciones declaradas exigen una mejora en las actuaciones de la Administración así como por parte de las empresas situación que con este nuevo sistema de información se ha actualizado y mejorado bastante pero todo a costa de la empresa que es la que sufre este incremento de coste para poder realizar dichas declaraciones de información.

Por ello la maltrecha economía de las pequeñas empresas con esta implantación sufren una vuelta de tuerca por parte de la Administración a cargar sobre sus espaldas.

Será de desear que esta nueva situación (hablando estrictamente de lo económico) sea asumible por las empresas y no se quede ninguna por el camino como consecuencia de ello.